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“Al Gobierno de España: ” que se implique…”

Sergio Primiani es el presidente de ASOPEVE, una activa asociación que lucha para que el Gobierno de Venezuela les pague las pensiones que se adeudan desde principios de 2016.

Sergio, ¿cuándo y por qué nace ASOPEVE?
ASOPEVE Asturias se creó el 14 de septiembre de 2016 y está debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias, además de los ayuntamientos de Gijón y Oviedo. La asociación surgió por la problemática del impago de las pensiones y jubilaciones por parte del gobierno de Venezuela, en claro incumplimiento del Convenio Bilateral que en materia de Seguridad Social fue firmado por ambos países en 1988. La dificultad de acceder a las ayudas económicas del Gobierno del Principado de Asturias, así como de los respectivos ayuntamientos, es lo que ha dado origen a nuestra Asociación.

¿Cuál es vuestro trabajo fundamental?
Tenemos dos líneas de actuación. La primera es lograr la implicación y mediación del gobierno y los partidos políticos de España en la solución del impago de las pensiones y jubilaciones por parte del gobierno de Venezuela. La segunda, a nivel territorial y municipal, es paliar la situación de exclusión y precariedad que actualmente padece este colectivo.

¿Cuántos miembros sois actualmente?
En la actualidad somos más de un centenar de asociados registrados de distintos municipios de Asturias, predominando en mayor número Gijón y Oviedo. Eso sí, debido a que muchas personas de este colectivo por su avanzada edad o por no tener disponibilidad de acceso a fuentes de información digital, no hacen uso de las redes sociales, tenemos que llegar a ellas a través del contacto personal, desplazándonos a los municipios en los cuales residen.

¿Qué acciones queréis llevar a cabo?
Ahora mismo tenemos un su Punto Informativo en el CMI de Arena, en Gijón, donde hacemos reuniones de carácter semanal para dar asesoramiento social y atención personalizada a los asociados. También llevamos a cabo reuniones con medios de comunicación así como con partidos políticos y agentes sociales. Por ejemplo, la última fue el viernes 27 de enero, con una representación de Eurodiputados del PSOE en la cual manifestamos que además de exigir que Venezuela cumpla con el pago de las pensiones y jubilaciones del año 2016, queremos que el Gobierno de España se implique, ya que los afectados son ciudadanos españoles y como tales tiene la obligación de proteger. También pedimos que se reactiven los “complementos a mínimos”, lo cual podría ser una medida temporal hasta que Venezuela reanude, nuevamente, el pago de las pensiones.

¿Qué respuestas os dan los gobiernos de Venezuela y España?
El Gobierno de Venezuela no ha emitido ningún comunicado oficial reconociendo la razón por la cual no cumple con el pago de las pensiones y jubilaciones al exterior. La última información que hemos recibido de nuestro consulado es que el Gobierno de Venezuela está trabajando sobre ello. Y en relación al Gobierno de España, el organismo competente desestima las solicitudes de complementos a mínimos, alegando haber sido resuelta la pensión en aplicación del Convenio Bilateral, (art. 14 Real Decreto 1170/2015) y teniendo la pensión reconocida por Venezuela. En el Gobierno del Principado de Asturias todos los representantes de partidos políticos y agentes sociales con los cuales nos hemos reunido están colaborando activamente para lograr una solución a este problema.

¿Qué propuestas tenéis?
Son varios puntos. El primero es que exigimos al Gobierno de España que se implique directamente, como parte firmante del Convenio Bilateral España-Venezuela en materia de Seguridad Social, para dar solución a esta situación de precariedad y vulnerabilidad en la cual se encuentra este colectivo de personas españolas, que en su momento tuvieron que emigrar a Venezuela, jóvenes, con su maleta repleta de ilusiones y esperanzas y ahora, después de más de medio siglo, regresan a España. Se da la paradoja de que coexisten dos generaciones: padres e hijos, en la misma situación: pensionados y jubilados, sin percibir la pensión de Venezuela y el Gobierno de España se desentiende de ellos. El segundo punto es que, a través del organismo competente, se reactive el pago de “complementos a mínimos” hasta que Venezuela cancele la deuda que tiene con los pensionistas y jubilados de Venezuela en España, que corresponde al periodo de enero a diciembre de 2016 y enero de 2017.

laregioninternacional.com/

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Venezuela no paga la pensión a sus 3.800 jubilados en España

La situación económica de Venezuela traspasa fronteras. No sólo los que se encuentran dentro del país tienen que sufrir escasez de recursos y la penuria de vivir en un país en el que falta hasta papel higiénico en los supermercados, sino que aquellas personas mayores que decidieron marcharse a España tras trabajar toda su vida en su país también sufren la recesión económica en el que ha sumido a toda Venezuela su presidente, Nicolás Maduro.

Alrededor de 3.800 jubilados venezolanos residentes en España, un 60% de ellos exfuncionarios, llevan sin cobrar su pensión desde el año 2015. A ese impago se suma la prestación por jubilación, que también llevan sin cobrar desde julio de 2015. Un retraso sin precedentes que está llevando a muchos jubilados venezolanos, la mayoría entre 65 y 70 años, a acudir a iglesias y ONGs para poder comer, como comenta para ABC Pedro Manuel Ontiveros, Presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en la Comunidad de Madrid (ASOPEJUVECMA). «Un retraso de dos meses lo entendemos pero no que no nos den una repuesta», comenta Ontiveros.

A ellos se le suman alrededor de 600 venezolanos llegados este año a España a los que aún no se les ha concedido el traslado del pago de la pensión, a pesar de haber completado todos los requisitos. «Ellos están en peores condiciones . Nosotros tenemos la esperanza de cobrar, pero es que a ellos ni les han autorizado el pago», dice Ontiveros.

Además, a el impago de la pensión se le suma el de la paga extra. En 2015 Maduro amplió de dos a tres meses el «bono de fin de año», como se conoce en Venezuela, y Ontiveros denuncia que siguen sin recibir también esa paga.

Los pensionistas han intentado cobrar, o al menos, que les dene explicaciones, por todos los medios. Han contactado con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), encargado de las pensiones en ese país, con el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), encargado de enviar el pago de la jubilación a España y con el consulado venezolano en Madrid, pero nadie les dice nada. «No hay una respuesta, hay un silencio administrativo», dice Ontiveros.

Y es precisamente la incertidumbre lo que más afecta a este colectivo de jubilados venezolano-españoles que debido a su avanzada edad no pueden trabajar, como comenta Ontiveros. «Esa inseguridad nos causa un estrés tremendo, hay mucha gente con hipertensión y enfermedades crónicas, en un proceso degenerativo y lo peor que hay es la angustia que crea esa incertidumbre».

Acuerdo con España para el envío de la pensión

España y Venezuela tienen un acuerdo en vigor desde 1988, llamado «Convenio de la Seguridad Social», por el que todos los ciudadanos venezolanos que hayan cumplido con los requisitos para recibir una pensión completa y la prestación por jubilación pueden recibir el pago en nuestro país.

Y es que el sistema de pensión venezolano difiere sustancialmente del español. En el país latinoamericano los jubilados reciben dos compensaciones, una pensión de 15.500 bolívares al mes (unos 1.200 euros) que es la misma para todos sin diferencia de la cantidad cotizada, y una prestación por jubilación correspondiente al trabajo realizado en una empresa u organismo público y que varía por persona dependiendo del tiempo trabajado. Para optar a la pensión completa un ciudadano venezolano debe haber cotizado durante 15 años y tener 55 años en caso de ser mujer y 60 en caso de ser hombre, requisitos que los jubilados en nuestro país cumplen.

Además, en Venezuela los pensionistas son considerados un sector especial, así como los estudiantes y los productos alimenticios y sanitarios. Estos tienen un tipo de cambio especial conocido como «dólar protegido». Hasta febrero de este año el dólar se cambiaba para ellos por 10 bolívares, a diferencia del cambio normal que establece el Banco Central de Venezuela y que fluctúa con los mercados, con un tipo de cambio de un dólar por 145 bolívares.

Un régimen especial que Ontivero agradece, pero que pide que se cumpla y no se utilice como excusa retrasar los pagos. En febrero cambiaron el tipo de cambio del «dólar protegido» de 10 bolívares a 6.5. «Ellos (el IVSS) argumentaban el retraso por esas diferencias en el control de cambio. Pudiera haber retardado enero y febrero pero eso no es verdad porque de febrero aquí son seis meses», reclama Ontiveros.

Situación desesperante para un sector delicado

La situación comienza a ser insostenible para los jubilados venezolano-españoles, que como a Ontiveros, se les acaban los ahorros y no pueden estar eternamente viviendo de lo que cobran sus hijos.

Ontiveros asegura que sus hijos tampoco pueden ayudarle más. «(Me dicen) papá, yo no te puedo seguir ayudando porque tengo mi familia», dice resignado. «Los ahorros van menguando y al que le debemos seis meses de alquiler nos presiona».

A petición de la asociación que preside Ontiveros, el Instituto de Seguridad Social española ha intercedido por los jubilados venezolanos ante la IVSS y el consulado venezolano para pedir una resolución a su delicada situación. «El Instituto de Seguridad Social nos ha atendido muy bien porque le preocupa la situación que nosotros tenemos, en una situación económica muy difícil», asegura Ontiveros, quien dice que, desesperados, han reclamado a todos los organismos posibles.

«A la Organización de los Estados Americano (OEA) nos hemos dirigido, a la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) e incluso hemos llegado al Padre Francisco pidiéndole también e hizo una manifestación que nos encantó muhciismo pidiendo una oración por Venezuela». Los jubilados en el exterior hasta han creado una cuenta en la red social Twitter, @IVSS_exterior, para demandar sus derechos.

Muchos de los casi cuatro mil pensionistas venezolanos en España sufren enfermedades crónicas y degenerativas de las que temen no puedan ser tratados si son incapaces de pagar los 87 euros que Ontiveros afirma que pagan de cuota a la seguridad social.

«Llegará un momento que tendremos que pedir a seguridad social que nos de una ayuda, que nos busque una solución, que no podamos pagar esos 87 euros de aporte a la sanidad», dice Ontiveros.

De momento les ayudan conocidos, vecinos y ONGs e iglesias que les donan alimentos para poder sobrevivir, como asegura Ontiveros. «Ha habido muchos españoles que nos han ayudado, prestado su contribución, pero lo que necesitamos es en la presencia de actividades como la que haremos en el consulado».

Y es que la ASOPEJUVECMA está en estos momentos intentando obtener el permiso para organizar una «presencia activa» en el consulado venezolano en Madrid los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre para culminar con una concentración en el mismo lugar el día 9. «Iremos de 9 de la mañana a 7 de la tarde con nuestras pancartas solicitando respuestas», anuncia Ontiveros». «Hay mucha incertidumbre y las personas no tienen nada con qué sobrevivir».

En Venezuela sí cobran la pensión

Mientras que miles de jubilados venezolanos en el exterior siguen sin recibir su pensión, el Gobierno bolivariano sí paga la pensión a los residentes en su país. El pasado 18 de agosto el IVSS publicó en la red social Twitter que habían procedido al pago de la pensión a los jubilados, un pago que Ontiveros niega haya llegado a España.

«Hay muchos rumores, (pero) nosotros no tenemos contestación. En España no le han pagado a nadie. En el banco preguntamos y no, no ha llegado nada de este año», asegura Ontiveros. Unos venezolanos que para Maduro son ciudadanos de segunda por vivir fuera del país. «Se puede decir que hay una discriminación, quiere decir que hay un sector que no está recibiendo un derecho adquirido».

Lo que más preocupa a los jubilados venezolano-españoles es la falta de respuesta y que no se use el dinero de los fondos de reserva. Tal y como asegura Ontiveros, en Venezuela existe un fondo de reserva de divisas, con 100 millones de dólares, para afrontar situaciones de escasez como la actual. Además el país cada día exporta alrededor de 2.800.000 barriles de petróleo que generan unos 120 millones de dólares. «Frente a una situación de crisis hay que tomar medidas», asegura Ontiveros. «Si ellos nos consideraron un sector sensible y nos inlcuyeron dentro de ese dólar protegido, que se lo agradecemos, pues que también cumplan en ese sentido», reclama.

-ABC.es

11.700 pensionados del Ivss en el exterior no cobran hace meses

11.700 pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales residenciados en el exterior no reciben su pensión desde noviembre del año pasado.

Así declaró muy preocupado, Jorge Carvajal Morales, candidato a la Gobernación del estado Bolívary asesor jurídico del Comité de los DD HH en defensa de los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores.

Dijo que “muchos de nuestros compatriotas residenciados en el exterior tienen entre 8 y 13 meses que no reciben el pago de la pensión del Ivss, que se ganaron trabajando y que les pagan en bolívares en el país, donde son cobradas por personas autorizadas para tal fin pero ahora resulta que eso que les corresponde por Ley no se está cumpliendo”.

Esos 11.700 pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que viven en el exterior atraviesan una situación desesperada ante el silencio de las autoridades del país con respecto a la cancelación de las obligaciones pendientes desde noviembre pasado, agrega.

Los afectados viven en Chile, Ecuador, España, Italia, Portugal y Uruguay, países donde hay convenios bilaterales suscritos con Venezuela, explica el asesor jurídico del comité.

-eldiariodeguayana

Proponen declarar emergencia migratoria para atender a venezolanos en el exterior

El próximo martes 9 de agosto, la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración propondrá al pleno de la Asamblea Nacional que declare la emergencia migratoria para atender a los estudiantes, jubilados y pensionados que se encuentran en el exterior.

La decisión fue tomada este jueves por la instancia parlamentaria durante la sesión ordinaria en la que debatieron el informe que presentó la Subcomisión Especial que investiga las irregularidades en el paso de divisas a los estudiantes, jubilados y pensionados en el exterior, que preside la diputada Sonia Medina (Unidad/Táchira).

Al respecto, la parlamentaria informó que pasan de 25 mil los estudiantes que se encuentran en otras naciones viviendo situaciones críticas, incluso de indigencia, debido a que el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) no ha liquidado sus compromisos con éstos, en algunos casos desde el año 2013. Explicó que muchos jóvenes, aparte de que no han cumplido sus metas de estudio, no cuentan con el dinero para pagar sus pasajes de retorno a Venezuela.

Igual ocurre con más de cuatro mil venezolanos de la tercera edad que recibían sus pensiones y jubilaciones en moneda extranjera a través de las instituciones del Estado, como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Por estos motivos, y otros quizás más dramáticos, la comisión solicitará al Pleno de la AN que exija al Gobierno Nacional honrar las deudas con estos ciudadanos.

Otra decisión tiene que ver con impulsar acciones penales en contra de Cencoex, el IVSS y el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moros; así como la elaboración de un Proyecto de Ley de Regreso a Casa, que le garantice de manera expedita el retorno a todos aquellos que requieran hacerlo. Pero que sea el Estado el que asuma los gastos en cuestión, “…porque fue el Estado quien los mandó fuera, salieron con su anuencia”-dijo la diputada Medina.

El informe también establece una propuesta que involucre la simplificación de los trámites, dado que el proceso cada vez se ha tornado más engorroso. Medina destacó que para este año Cencoex ni siquiera ofreció la posibilidad de remesas a nuevos estudiantes, pensionados o jubilados interesados.
Por su parte, el presidente de la comisión, Luis Florido (Unidad/Lara), cuestionó a las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV), Cencoex y del IVSS por hacer caso omiso a la convocatoria que se les extendió desde la AN para que explicaran la situación.

“Se comportaron de manera irrespetuosa porque ni atendieron la convocatoria y se negaron a recibir a las diputadas que realizaron la investigación. El funcionario del Cencoex no vino porque el presidente del BCV no se lo permitió”-puntualizó.

A su juicio, los dineros que debían asignarse a estas personas fueron robados. En tal sentido, considera que la Comisión Permanente de Contraloría debe abrir una investigación al respecto. “Qué extraño que no hemos recibido denuncias de estudiantes o personas de la tercera edad que se encuentran en Cuba, Ecuador o Nicaragua. Pasa que el gobierno convierte en divisas los derechos de manera discrecional”- sentenció.

Entre tanto, la diputada Maribel Guédez (Unidad/Barinas) informó que el Estado ha obligado a los jubilados y pensionados en el exterior a trasladarse a Venezuela para que consignen su fe de vida o cualquier otro requisito y, en algunos casos, los han obligado a quedarse en el país.

Por último, exhortó al gobierno a asumir sus responsabilidades con los venezolanos de la tercera edad que se encuentran en el exterior, quienes están siendo remitidos a refugios y hasta botados de ellos porque sólo pueden mantenerse allí por cierto periodo de tiempo.

-iforme21.com

Presidente anuncia aumento de 50 % en el salario mínimo..

El jefe de Estado también informó el incremento de la base de calculo del bono de alimentación (cesta ticket) de 3.5 a 8 puntos de la unidad tributaria desde el primero de agosto

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes el aumento de 50 % del salario mínimo y los tabuladores a los trabajadores de la administración pública y la Fuerza Armada Nacional (FANB), a partir del primero de septiembre del año 2016. (más…)

Pensionados y jubilados venezolanos en el exterior buscan cómo sobrevivir

Miles de pensionados y jubilados en países de América Latina, España y en otras naciones, que dependen de una pensión del Estado venezolano, se han visto obligados a encontrar otras maneras de sobrevivir luego de que se paralizaron sus pagos el año pasado, dijeron a Reuters algunos afectados.

Unas 1.000 personas en Chile no reciben el dinero, según representantes de los pensionados. Muchos de ellos son antiguos exiliados que huyeron de la dictadura de Augusto Pinochet a Venezuela, país que en ese momento era un refugio seguro y en auge.

Dependiendo del tipo de pensión, algunos no han recibido ningún pago en 2016, mientras que otros han estado esperando más de un año, dijo Sonia Laborde, jubilada de 73 años, que desde Santiago ayuda a coordinar una respuesta entre todos aquellos, incluyéndose, que ven como su dinero se esfuma.

“La gente está muy dependiente de esa pensión y esa jubilación (…) la mayoría son gente sin profesión, gente que ya no trabaja, gente enferma, que depende de ese dinero para comer, para pagar su vida diaria”, dijo a Reuters.

La caída en los precios del petróleo, principal producto de exportación de Venezuela, y el colapso de la economía socialista han dejado al país con una inflación de tres dígitos y una crónica escasez de productos.

Mientras en casa los venezolanos pasan horas en filas para comprar productos básicos, los problemas se extienden hasta unos 12.000 pensionados que viven en España, Colombia, Chile, Argentina, México y Estados Unidos.

Algunos son venezolanos y otros extranjeros que trabajaron por décadas en el país, según las organizaciones de jubilados.

Sin respuesta

Un poco menos de la mitad de los afectados está en España o en Islas Canarias, dijo Miguel Megías, un español de 80 años que trabajó en Venezuela por cinco décadas como profesor de ingeniería y ahora enseña inglés en Granada para llegar a fin de mes.

También dirige un blog para compartir información con los afectados en todo el mundo.

“Hasta 2014 no hubo ningún problema, en general funcionó muy bien. A partir de 2014 la situación cambió radicalmente”, explicó vía telefónica. “Tenemos un año sin cobrar muchos de nosotros. Para personas mayores que dependen en estos ingresos (…) esta situación es extremadamente grave”.

“Cada uno tiene que buscar la forma de sobrevivir. En algunos casos tienen familiares que los ayudan, en otros casos han tenido que ir a la Cruz Roja y otras organizaciones como Caritas para poder tener algo de comida”, agregó.

Megías y Laborde dijeron que no han recibido ninguna respuesta por parte de Caracas, pese a las repetidas llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos.

“Nunca tuvimos respuesta, entonces estamos reclamando nuestro derecho a información”, dijo Laborde al explicar que una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores está estudiando su caso pero que le dijeron que el presidente Maduro considera que su reclamo “no es una prioridad”.

Funcionarios del Gobierno venezolano contactados por Reuters declinaron hacer comentarios.

En Santiago, Margarita Valls, de 74 años, dijo que no tiene más opción que empacar sus cosas y dejar su departamento arrendando para ir a vivir con una amiga en el sur de Chile.

“No tengo un peso”, comentó. “Trabajé mucho en Venezuela, di muchas cosas en Venezuela, estuve 37 años allá”.